En un movimiento que promete transformar radicalmente la experiencia de hacer negocios en México, la Cámara de Diputados aprobó este 28 de abril, en procedimiento fast track, la Ley Nacional para la Eliminación de Trámites Burocráticos, una de las primeras iniciativas legislativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El objetivo de la ley es claro: simplificar, digitalizar y homologar trámites en los tres niveles de gobierno, con especial énfasis en facilitar los procesos vinculados a la inversión y operación empresarial. La apuesta es ambiciosa: reducir los costos regulatorios, eliminar trámites redundantes, y consolidar servicios públicos en plataformas digitales accesibles y eficientes.

Una ventanilla única para invertir en México

Uno de los pilares de esta nueva legislación es la creación de la Ventanilla Digital Nacional de Inversiones, una plataforma que centralizará todos los trámites necesarios para constituirse como sociedad mercantil, construir instalaciones y operar el negocio en México.

Actualmente, una inversión en el país requiere en promedio 2.6 años, 51 trámites y más de 460 requisitos. Con la nueva ventanilla digital, estos números se reducirán de manera drástica: se estima que los procesos podrán completarse en menos de un año, con apenas 32 trámites, cinco para constituirse, diecinueve para construir y ocho para operar, así como 127 requisitos, todo dentro de una plataforma digital única y bajo un expediente electrónico unificado.

Digitalización obligatoria, trámites más rápidos y menos papel

La nueva ley establece un conjunto de principios obligatorios para todas las autoridades públicas: no se podrán solicitar documentos que ya hayan sido emitidos por el propio gobierno; se prohíbe exigir copias simples; y se reconoce la validez legal de los documentos digitales.

Asimismo, se ordena a las dependencias priorizar la simplificación de los trámites más usados o aquellos dirigidos a grupos de atención prioritaria. También se fomentarán flujos simultáneos de procesos administrativos, la sustitución de permisos por avisos, y la homologación de vigencias de resoluciones y autorizaciones.

Exclusiones relevantes

Aunque la ley abarca una amplia gama de trámites gubernamentales, no será aplicable a ciertas materias sensibles o de régimen especial. Quedan excluidos de su aplicación:

1. Los trámites y procedimientos en materia fiscal, tratándose de contribuciones,
2. Las actuaciones del Ministerio Público en ejercicio de sus funciones constitucionales,
3. Los actos, procedimientos o resoluciones de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.

No obstante, incluso en estos casos, las autoridades involucradas sí deberán cumplir con las obligaciones de simplificación, digitalización y registro de sus trámites y servicios dentro del Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios.

Principales preocupaciones

Pese a los beneficios esperados, la aprobación de la ley no estuvo exenta de cuestionamientos relevantes por parte de legisladores, especialistas y sectores empresariales. Entre las principales preocupaciones destacan:

1. Riesgos en la implementación práctica: se señaló que muchos municipios carecen de infraestructura digital o personal capacitado para cumplir con los nuevos mandatos. La falta de un presupuesto específico para apoyar la transición digital en estados y municipios podría limitar el alcance real de la ley.
2. Seguridad jurídica y control de calidad: existe inquietud sobre la homologación de criterios y resoluciones en todos los niveles de gobierno. La digitalización, si no va acompañada de lineamientos claros y supervisión efectiva, podría generar nuevos vacíos o discrecionalidad en la actuación de autoridades.
3. Facultades excesivas para la Agencia Nacional: algunos legisladores advirtieron que la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones concentrará funciones regulatorias, de vigilancia y ejecución que podrían generar conflictos de interés si no se establecen mecanismos de rendición de cuentas adecuados.

A pesar de estos cuestionamientos, el dictamen fue aprobado con una amplia mayoría, respaldado por el argumento de que la simplificación administrativa es un requisito urgente para mejorar la competitividad del país.

Nuevas herramientas digitales

Entre las medidas clave se encuentra la implementación de la Llave MX, un sistema de autenticación y firma digital vinculado a la CURP, que funcionará como una identificación única para la realización de trámites en línea, replicando el modelo exitoso de la Ciudad de México.

Además, se habilita el Portal Ciudadano Único de Trámites y Servicios, donde se concentrarán todos los servicios gubernamentales bajo criterios estandarizados de acceso, requisitos y tiempos de respuesta.

La Agencia de Transformación Digital será la autoridad nacional

La ley designa a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones como autoridad responsable de implementar, supervisar y hacer cumplir estas disposiciones. Esta agencia, que ya se encuentra en operación, ha capacitado a más de 1,300 funcionarios públicos y ha firmado convenios con gobiernos estatales y municipales para extender la digitalización a todo el país.

¿Qué sigue?

La iniciativa ya fue enviada al Senado para su análisis, y se prevé que su discusión y posible aprobación se lleven a cabo de forma ágil. Según el calendario del gobierno federal, a partir del 15 de junio de 2025, todos los trámites necesarios para constituir una empresa estarán disponibles en línea, lo que permitirá reducir significativamente los tiempos de gestión y facilitará la apertura de nuevos negocios en México.

Posteriormente, para el 25 de agosto de 2025, también podrán realizarse en formato digital los trámites relacionados con las etapas de construcción y operación en todo el país, incluyendo estados y municipios.

El objetivo final es ambicioso: que, para el 30 de noviembre de 2025, todos los trámites, en todas sus etapas y ante cualquier autoridad, estén completamente digitalizados.

En Calderón Marín, damos seguimiento puntual a estas reformas y estamos preparados para acompañar a nuestros clientes nacionales e internacionales en la navegación del nuevo entorno regulatorio. La transformación digital del aparato gubernamental es una oportunidad estratégica para facilitar la inversión y la expansión de negocios en México.