El 21 de noviembre de 2024, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular un dictamen que extingue siete organismos autónomos. Estos incluyen el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); la Comisión Federal de Competencia Económica (CoFeCE); el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); el Consejo Nacional de Evaluación de Políticas de Desarrollo Social (Coneval); la Comisión Reguladora de Energía (CRE); la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH); y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu). El dictamen ahora será discutido en el pleno del Senado, donde se someterá a votación.

Esta posible eliminación de los órganos autónomos podría representar una violación a acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y otros tratados con la Unión Europea, entre otros.

La desaparición de estas instituciones, encargadas de emitir resoluciones técnicas y transparentes, podría poner en riesgo el ejercicio de derechos fundamentales, como el acceso a la información pública, la protección de datos personales, y la defensa de la competencia leal en el mercado.

De llevarse a cabo, la extinción de estos organismos y la transferencia de sus funciones a la Administración Pública Federal podría abrir la puerta a la opacidad y la corrupción, favoreciendo prácticas monopólicas y aumentando los riesgos de precios elevados y desabasto de bienes y servicios básicos.