El pasado domingo 15 de septiembre de 2024, fecha en la que se conmemora la independencia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador promulgó la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación. Desde su discusión, esta reforma ha captado la atención tanto a nivel nacional como internacional, especialmente entre inversionistas con intereses en México, debido a las implicaciones que trascienden el ámbito legal y podrían impactar la percepción de seguridad jurídica, la estabilidad económica y la confianza en las inversiones, tanto nacionales como extranjeras.
México, al ser una de las 20 economías más grandes del mundo, ve cualquier alteración en el equilibrio de poderes reflejada en los mercados internacionales. Cualquier afectación al entorno económico y de inversión, tanto local como internacional, podría tener amplias repercusiones.
Con esto en mente, resulta crucial informar sobre los puntos clave de la reforma y sus posibles consecuencias en términos económicos, tributarios y de inversión:
Se establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros, jueces de distrito y magistrados serán elegidos por voto popular directo, tras la conformación de ternas con la participación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto ha generado preocupaciones sobre la posible pérdida de imparcialidad en el sistema judicial.
El número de ministros de la Suprema Corte se reduce de 11 a 9, con un mandato limitado a 12 años sin posibilidad de reelección.
Se crean dos órganos que reemplazan al Consejo de la Judicatura Federal. Uno se encargará de la administración y el otro será un Tribunal de Disciplina Judicial, con la responsabilidad de supervisar la conducta de los integrantes del Poder Judicial. Este tribunal permitirá a cualquier persona o autoridad presentar denuncias contra jueces y magistrados, incluyendo por resoluciones emitidas.
Críticos han advertido que la reforma podría aumentar la influencia del Ejecutivo sobre el Poder Judicial, debilitando su independencia y posiblemente provocando que los jueces se inclinen más hacia la opinión pública que hacia la ley.
En cuanto a disputas relacionadas con contribuciones fiscales (la ley fijará los montos correspondientes), la reforma exige que los tribunales administrativos y judiciales resuelvan estos casos en un plazo máximo de seis meses. Si no se cumple este plazo, los órganos jurisdiccionales deberán informar al Tribunal de Disciplina Judicial y justificar la demora, lo que ha generado inquietudes de que, en muchos casos, los tribunales puedan favorecer a las autoridades fiscales para evitar sanciones. Expertos indican que esto podría inclinar la balanza hacia el gobierno en la mayoría de las resoluciones tributarias.
Aunque factores como las elecciones en Estados Unidos y la incertidumbre económica global también influyen en el tipo de cambio, se estima que entre el 60% y el 70% de la depreciación del peso frente al dólar responde a las reformas impulsadas por el presidente López Obrador, en particular la reforma al Poder Judicial. Se proyecta que el tipo de cambio oscilará entre 19.70 y 21 pesos por dólar al cierre de 2024.
La reforma podría afectar el cumplimiento de acuerdos internacionales como el T-MEC, ya que inversionistas de Estados Unidos y Canadá han expresado su preocupación por la posible falta de imparcialidad en la impartición de justicia en México. La revisión del T-MEC prevista para 2026 tomará en cuenta los efectos de esta reforma.
La reforma al Poder Judicial, desde su etapa de discusión, ha generado inquietudes entre autoridades e inversionistas extranjeros, quienes, ante la falta de certeza jurídica, han decidido pausar sus inversiones en México hasta observar los efectos, positivos o negativos, que la reforma, ya promulgada, tendrá.
Se estima que, solo desde Estados Unidos, hay aproximadamente 35 mil millones de dólares en inversiones hacia México; sin embargo, muchas de estas inversiones se encuentran actualmente en pausa.
A pesar de las ventajas logísticas y geopolíticas que ofrece México, es una realidad que el entusiasmo por invertir en el país se ha enfriado. En el segundo trimestre de 2024, el valor de la inversión extranjera ascendió a 264 mil millones de dólares, lo que representa una disminución del 59% respecto a los 645 mil millones reportados en los primeros tres meses del año, siendo la cifra más baja desde 2006.
La inversión extranjera en México podría verse aún más afectada por la creciente competencia de los estados fronterizos de Estados Unidos, que se promocionan como una alternativa para redirigir inversiones ante la incertidumbre jurídica que actualmente ofrece México. El mismo día de la aprobación de la reforma, la Fundación de Políticas Públicas de Texas publicó que dicho estado está preparado para recibir las inversiones que no se coloquen en México debido a la incertidumbre generada por la “radical reforma judicial”.
Expertos señalan que, tras la reforma al Poder Judicial, México podría caer en un largo estancamiento económico, e incluso no se descarta la posibilidad de una recesión. Antes de la aprobación de la reforma, el Banco de México ya había reducido su estimación de crecimiento del PIB, pasando del 2.4% al 1.5% para este año, y del 1.5% al 1.2% para 2025.
Ante la incertidumbre, los inversionistas extranjeros probablemente optarán por coberturas cambiarias como los Non-Delivery Forwards para mitigar riesgos.
Ante la incertidumbre jurídica generada por la reforma al Poder Judicial, tanto para inversionistas nacionales como extranjeros, debido a preocupaciones sobre la independencia y eficacia del sistema judicial, los métodos alternativos de solución de controversias se presentan como una opción confiable para la resolución de conflictos. Estos métodos ofrecen certeza a los inversionistas, principalmente extranjeros, lo que puede ayudar a retenerlos y/o seguir atrayendo inversiones a nuestro país.
Dentro de estos métodos, el arbitraje se posiciona como el más confiable, gracias a su independencia, neutralidad, eficiencia, confidencialidad, flexibilidad y ejecutabilidad internacional. De esta manera, las controversias comerciales de naturaleza contractual, cuyo monto lo justifique, pueden resolverse de manera expedita, confidencial y a través de árbitros especializados, protegiendo los intereses de las partes en un contexto de incertidumbre jurídica.
En México, un proceso arbitral puede ser diseñado a la medida por las partes o conducirse ante instituciones arbitrales reconocidas, tanto nacionales como internacionales, tales como la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara Nacional de Comercio y el Centro de Arbitraje Mexicano. Estas instituciones cuentan con reglas procedimentales probadas y árbitros expertos, tanto nacionales como extranjeros, que pueden ser designados para llevar adelante un arbitraje.
Para que el arbitraje sea completamente efectivo, las partes deben comprometerse a respetar y cumplir voluntariamente los laudos arbitrales, los cuales suelen ser reconocidos y ejecutados bajo acuerdos internacionales como la Convención de Nueva York. Este tratado, suscrito por múltiples países, facilita el reconocimiento y cumplimiento de las decisiones arbitrales a nivel internacional. Esto resulta crucial para los inversionistas extranjeros, quienes buscan garantizar la efectiva aplicación de las resoluciones en cualquier parte del mundo, sin depender exclusivamente de un sistema judicial mexicano incierto. Este enfoque reduce la necesidad de recurrir a los tribunales y asegura una resolución más ágil de los conflictos.
Toda vez que la reforma ya fue promulgada y ha entrado en vigor, se espera que en 2025 se elegirán tanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como los magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, del nuevo Órgano de Administración y a la mitad de los jueces de distrito y magistrados de circuito; en 2027 se culminaría con la mitad restante. Las elecciones serían organizadas por el Instituto Nacional Electoral.
En Calderón Marín, S.C., estamos comprometidos en ayudar a nuestros clientes a enfrentar estos tiempos de incertidumbre jurídica y económica. Ofrecemos soluciones estratégicas para proteger sus inversiones, optimizar sus operaciones y mitigar riesgos en este entorno cambiante. Estamos a sus órdenes para asesorarlos y apoyar en el desarrollo de estrategias que fortalezcan la estabilidad de sus negocios en México.
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